En lo que va del 2012, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) registra un elevado número de evasiones de sus unidades, curiosamente de las que son denominadas como de máxima seguridad y régimen cerrado, demostrando que a la falta de una eficiente política penitenciaria, la acompaña una dañina y constante corrupción en sus efectivos, sin distinción de grados. También acompaña este crecimiento el número de muertes de internos, siendo la mayoría de las mismas en el 2012, internos que habían denunciado hechos de corrupción, robos, homicidios y amenazas por parte de los agentes penitenciarios.
Es ya de público conocimiento entre los que desarrollan tareas que se vinculan con el Servicio Penitenciario, que existen irregularidades en todas las cárceles del mundo, la corrupción en estos espacios y los abusos son algo casi obligado. La diferencia con las cárceles del SPB, radica en el tipo de connivencia y “favores” que requieren los penitenciarios. Como en la vida misma, no todos son iguales ante la Ley, y tampoco todos son iguales en las unidades penitenciarias, los favores se “pagan” o se “negocian”, así, los de mayor poder adquisitivo pueden rentar una cómoda celda, los más pobres deberán someterse a otras concesiones, como ser favores sexuales de sus familiares para con personal del servicio, así, unos y otros obtienen ciertas venias para ingresar elementos y comidas no permitidos, entre los que mayoritariamente se dan las pastillas, drogas, celulares, equipos electrónicos y hasta armas.
Los controles en la seguridad de algunas unidades penitenciarias son prácticamente ineficientes, por citar un ejemplo, la Unidad 40 de Lomas de Zamora, tiene uno de los peores servicios de control de ingreso y requisa, con casos de personas que ingresan con otras identidades a la unidad y la existencia de un elevado número de internos con equipos celulares, teléfonos que usan sin temor a ser descubiertos. Allí, a diferencia de la creencia popular de que los procesados y detenidos por causas de drogas son mal vistos, estos, en esta unidad, suelen gozar de varios privilegios, una por el dinero que suelen contar gracias a su actividad delictiva y otra porque dentro del mismo SPB, hay efectivos adictos.
Esta situación se repite en otras unidades del SPB, incluso en Florencio Varela, a pesar de los escándalos protagonizados en estos meses, son muchos los internos con celulares, durante la investigación periodística, este medio, consulto a algunos ex convictos, detenidos, familiares y personal penitenciario, con la intención de conocer si además del uso que cualquiera le da al celular los internos los utilizaban para los conocidos “secuestros virtuales”, grande fue la sorpresa, al saber que se les facilita la tenencia de celulares a los encargados de proveer de drogas y otras sustancias a internos y a algún que otro penitenciario.
La problemática no es nueva, lleva ya unos seis años de estudios y medidas tendientes a tratar limitar el ingreso a las cárceles de teléfonos celulares, ya por el año 2008, el Procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo, refería "Está absolutamente prohibido de que tengan celulares, hay que hacer controles con profesionalismo para que no ingrese a las cárceles".
La problemática y la solución en el mundo
México, uno de los países donde el narcotráfico ha causado miles de muertes y ha infectado de corrupción a las instituciones que deberían combatirlo, tuvo que invertir en el año 2010, en inhibidores de señales de celulares para así terminar con la tenencia y el uso de móviles para cometer diferentes delitos y dejar fuera del mercado negro a penitenciarios corruptos que venden los teléfonos y cobran una cuota mensual para su tenencia sin molestias, una medida que en nuestro país fue propuesta en diputados pero que a la fecha no prospero por recomendaciones negativas de algunos jefes penitenciarios, que poseen teléfonos públicos en las unidades y restarían eficacia los inhibidores, la realidad, es que mientras los teléfonos públicos pueden ser fácilmente monitoreados, los celulares en las unidades penitenciarias no tienen ningún control.
En los EEUU, la corrupción de los guardias y la demanda de celulares llegó a ser un tema de Estado, cuando por el año 2004 un informe reveló que el 50 % de los reclusos poseía por lo menos un celular. Los fines son los mismos en cualquier cárcel del mundo, tráfico de drogas, intimidaciones y hasta asesinatos de testigos, arreglos para fugas, actos de corrupción, y otros delitos.
Las medidas adoptadas fueron modelo para otros países, no solo bloquearon las señales de celulares en las cárceles, también algunos Estados como Texas, promulgaron una Ley con penas de hasta 40 años de cárcel a los oficiales e internos involucrados en el tráfico de celulares.
La pésima gestión Scioli-Casal
La política penitenciaria que lleva adelante el Gobierno Provincial, con el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, se puede definir como olvidable teniendo una opinión generosa.
Por un lado, informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), advertían que existía un elevado porcentaje de procesados detenidos en unidades carcelarias, de los cuales el 83% terminaban siendo absueltos en oportunidad de llegar a un juicio oral, estadísticas oficiales, reforzaban esto al indicar que solo un 13% de los sometidos a juicio eran condenados y un 4% restante no llegaba al juicio por distintos motivos.
Las denuncias por malos tratos, tormentos e incluso graves violaciones a los derechos humanos no disminuyeron durante esta gestión como ya mencionamos y por el contrario, algunos hechos denunciados han tenido un correlato brutal y sádico, donde un interno fue golpeado, violado, quemado y dejado agonizando hasta su muerte. Lo peor, fue que en el juicio oral ningún efectivo recibió condena porque durante los minutos que duró el tormento y asesinato, alguien desconectó por ¿error?, la cámara de seguridad que enfocaba la celda. Internamente se había informado que el interno que había denunciado a personal del SPB, y que debía estar a resguardo, tuvo una inexplicable parada en la Unidad Nº 29 de máxima seguridad de Melchor Romero, de La Plata donde fue asesinado, a pesar que se trato de presentar como un suicidio. Así el asesinato de Luis Ángel Gorosito quedó impune, y el sistema perverso y corrupto protegido.
Ricardo Casal, es un hombre que se supone conoce el paño del SPB, el mismo ingresó a la fuerza en el año 1976, pasó por el escalafón de suboficiales y llegó en el año 1981, mediante Resolución III Nº 787/81 al escalafón de oficiales profesionales como subalcaide, para retirarse en el año 1992 como Alcaide Mayor, para dedicarse a la abogacía. Allí trabajaría en distintos ministerios y con políticos vinculados a la derecha. Es un hombre que la policía bonaerense considera casi un par, y es en ese buen diálogo con la siempre conflictiva y difícil fuerza, que radica uno de los pilares de su gestión, ya que es un funcionario que a pesar de la gravedad del hecho que vincule a la policía o el servicio penitenciario, su cara y su discurso mediático no variara y es capaz de enfrentar las cámara o los medios con un discurso tan correcto como desentendido de su responsabilidad y del gobierno que representa.
El único mérito que puede mostrar sin discusión su gestión es el incremento de detenidos en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no haya mejorado las estadísticas delictivas. Por el contrario este incremento fue acompañado por los actos de corrupción y maltrato a algunos internos. A pesar de su experiencia en la fuerza, esta no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de detención y seguridad, las fugas, son cada vez más disparatadas e inverosímiles, ni siquiera la convocatoria de una abogada como la Dra. Florencia Piermarini, que con sus jóvenes 36 años traía una trayectoria sin escándalos, terminó sacrificando su prestigio en una gestión marcada por las denuncias que hemos descripto.
Conclusión
Este medio, tiene dentro de sus objetivos, el informar y el de capacitar en lo que a derechos humanos se refiere, pero no desde una posición extrema, sino desde el respeto y los derechos humanos de todos, entendiendo que no constituye ninguna tutela de un derecho vulnerado el que existan peligrosos delincuentes con accesos a celulares, mientras que muchos de los que se ven sometidos a largos procesos desprolijos deben hacer largas colas para usar los teléfonos públicos, si es que tienen esa posibilidad.
En las cárceles como en la vida misma, existen los privilegios y los más bizarros abusos.
Tengo como responsable del medio, la convicción de que una gestión penitenciaria y de seguridad no puede sostenerse a pesar de todo, ya vamos a desarrollar el rol de la policía bonaerense y la justicia, porque existe una enorme responsabilidad judicial en los hechos descriptos en la nota, ya que es una de las funciones de los defensores, fiscales y jueces el visitar los centros de detención. Lejos está el espíritu del constitucionalista plasmado en la Constitución Nacional “ las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”
Lo peligroso, es que hoy la sociedad también vive en un peligro latente permanente, ya que son muchos los casos conocidos de detenidos que salen a robar, secuestrar, violar y matar, algunos por acuerdos con personal del servicio penitenciario, otros que denuncian ser amenazados por estos si no aceptan delinquir. Ejemplos en la provincia de Buenos Aires, son el de las Unidades de Olavarría, que conforman el Complejo Sierra Chica.
Desde este medio hemos cursado varias comunicaciones tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad y Justicia, respecto de varios de los hechos que hemos descripto en la presente nota, sin obtener un recibido, será que ante la abundante prueba y los hechos diarios que involucran a esta gestión, no tienen mucho que decir.
Los ciudadanos, merecemos vivir sin miedo y con un riesgo razonable, hoy, sus manos están manchadas de sangre inocente, de muchos que murieron en una cárcel donde no debían estar y de víctimas de delincuentes que no debían salir. Después discutamos la recuperación social, sino todo queda en discursos.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
Cuando la presidente de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, desató la polémica al denunciar que existe una "industria del juicio" entre los abogados laborales, desde ese día a la fecha, siguen y sigo discutiendo con algunos abogados el real alcance de esa frase y no dejo de sorprenderme de la débil defensa de algunos abogados al tratar de explicar porque no existe una industria del juicio.
