Cementerio municipal de Avellaneda, el paraíso de la corrupción

El cementerio de Avellaneda, fue creado en 1876, para albergar en su descanso final a los vecinos, lo que lo transforma en uno de los más antiguos del conurbano bonaerense. 

En sus ya centenarios años, el cementerio no ha tenido paz, y desde las denuncias de los visitantes por robos a tumbas, robos a mano armada, profanaciones, venta de esqueletos, venta de bóvedas y “arreglos” para ubicar cuerpos, se suman denuncias por hechos de corrupción. Se han publicado en los medios de prensa las denuncias más impensadas como ser el hecho de que se utilizaron mármoles de placas para la construcción de pisos de comedores o jardines de infantes, robos a la dirección del cementerio que fueron entregas de “muchachos” a los que se les contrato para darles una mano. 

Negocios con las funerarias, cobros indebidos, sectores para desarrollar actividades delictivas, entre las que los vecinos denuncian, desarme de autos, ejercicio de la prostitución, venta de drogas. No hay político que se anime a “poner las manos en el fuego” por quienes han pasado por el cementerio municipal. Todos se acusan, pero a la vez nadie quiere dar precisiones, tal vez porque aún hay muchos en la función pública que deberían tener que dar muchas explicaciones. Todo es tan asombroso que entre las anécdotas de algunos trabajadores se menciona a uno de los curas que solía perder la mirada en las curvas de algunas empleadas. 

Como era de esperar, muchas de las denuncias debieron esperar varios años para trascender en los medios de prensa, ya que los negocios del cementerio involucraban a gente “pasada”, al punto que en una de las intervenciones, donde la dirección tenía dos “jefes” la secretaria de uno de estos sufrió una intimidación por parte de dos motociclistas que la humillaron y hasta le cortaron el cabello a modo de “mensaje mafioso”. 

El concejal José Alessi, era uno de los pocos que se animaba a denunciar hace ya años el abandono del predio del cementerio, y los problemas no eran muy distintos de los actuales, inundaciones, robos, manejos de las ubicaciones y algunos negocios con mutuales o privados que disponían de lo público para sus ganancias. Fue también el que por el año 2009 denunció la utilización de mármoles en los pisos del jardín de infantes CAEM 123 de Villa Corina.  

Una de las fuentes consultadas nos mencionó a un concejal que trabajó en el cementerio y del cual los compañeros no tienen un buen recuerdo, Rodrigo Galetovich, quien llegó a trabajar apadrinado por su padre y su tío ambos funcionarios y que dicen aprendió rápido de la mano de “chirola” un histórico capataz y delegado del sindicato de trabajadores municipales. Consultada la base de datos judiciales, se pueden encontrar una infinidad de demandas promovidas contra el municipio de Avellaneda, desde resarcimientos por daños y perjuicios hasta demandas penales, en las que curiosamente el municipio, alega negligencia por parte de sus empleados en las demandas civiles y deslinda responsabilidad en los delitos de investigación penal. De la lectura de algunas de las demandas surgen hechos como el de superposición de féretros, pérdidas de restos óseos, de cuerpos, cobros indebidos, hurtos y robos de piezas ornamentarías. 

El 1 de noviembre del 2006, el diario Perfil, levanta una nota del diario Infosur, de Florencio Varela, que saca a la luz denuncias de vecinos y concurrentes al cementerio que incluso pudieron entrevistar al director del cementerio Francisco Peralta, quien reconoció la veracidad de las denuncias, al igual que la vicedirectora Elena Fernández, en ese momento los vecinos hasta anunciaban cortes de calles para que se tengan en cuenta los reclamos.

Más cerca en el tiempo, desde la llegada al cementerio de Silvia Cantero, ex concejal y actual esposa de Claudio Yacoy secretario de Derechos Humanos del municipio, las cosas parecían se podían encausar, y desde El Sindical Radio, entrevistamos a la directora, y le dimos nuestro apoyo en su gestión confiados en que ella venía a generar un cambio, con el apoyo de su esposo, la agrupación política que ambos conducen y el apoyo municipal, se hicieron trabajos de limpieza y mejoramiento del edificio, pero al parecer, todo duró muy poco, digamos que sirvió para unas fotos y publicar estos trabajos.

A las denuncias anteriores, se sumaron denuncias que vinculaban a la dirección del cementerio con rituales umbandistas, hecho confirmado por un conocido concejal, que incluso recibió fotos de una ceremonia, en una pelea que desde el entorno del matrimonio de funcionarios dijeron se trataba de una pelea con un Pae del que no supieron explicar los motivos para inculpar a Yacoy y Cantero con este tipo de denuncias. La realidad actual es que el cementerio sigue teniendo los mismos problemas de corrupción y de abandono. 

Se ha llegado al extremo de la impunidad, cuando no hace mucho un equipo de periodistas de América fueron a realizar un informe sobre el estado actual del cementerio y se veía como flotaban los cajones, la suciedad y los riesgos de contaminación para visitantes y trabajadores, y quedó filmado y expuesto en la televisión pública las amenazas de un grupo de empleados del cementerio, es decir, empleados municipales.

A pesar de ello, nadie sancionó a los involucrados o brindaron un comunicado oficial. El máximo responsable del cementerio municipal es el secretario de gobierno y seguridad Pablo Vera, un funcionario al que varias de sus direcciones no dejan de producirle dolores de cabeza y dejarlo en la mira por sus deficiencias y denuncias.

Incluso el miércoles 25 de julio del 2012, la concejal Maia Lata promocionaba una reunión con los directivos del cementerio para contar que en la misma la directora Silvia Cantero les comunicó que se habían perimetrado con alarmas los paredones, colocado cámara de seguridad que funcionan y se monitorean las 24 horas y que lo restante se iba a ir haciendo, propuso la concejal que el cementerio tuviera un vehículo para trasladar a las personas mayores con dificultades motrices, pero dejaron la propuesta para más adelante ya que todo se invertía en las remodelaciones, la realidad es que el cementerio sigue teniendo partes deplorables, que se le dio una lavada de cara y si la concejal realmente tiene esa buena inquietud podría pedirle al intendente Ferraresi que asigne uno de los tantos vehículos que posee el municipio, algunos como los que usa la propia concejal por el solo hecho de ser una “aliada” política.

Por el lado de la memoria y los derechos humanos, fueron varios los miembros que remarcaron el papelón de Jorge Ferraresi y Claudio Yacoy cuando derribaron el muro histórico del sector 134 y realizaron algunas reformas. Son muchos los vecinos que se han manifestado en las redes sociales haciendo denuncias por la situación del cementerio, algunos por los años de residencia en el partido se conocen con Yacoy, una de esas familias, tuvo que dejar de hacer comentarios cuando recibieron la visita de una conocida “puntera” de Sarandí, que se la conoce como “Lita” ya que les sugirió que no sigan metiéndose con el secretario de derechos humanos y con las críticas al cementerio. Solo en un municipio como Avellaneda, pueden ocurrir estas cosas, y que tengamos un cementerio que se ha transformado en un emblema de corrupción, sobre el que incluso han tenido responsabilidad algún que otro ex secretario de gobierno que ahora formará estudiantes de abogacía en la UNDAV, sí, aunque usted no lo crea.

Como siempre, invitamos a los mencionados a realizar su descargo, a presentarles las pruebas recogidas y las fuentes, solo se preservan las fuentes que han brindado testimonios, el resto, constituye información pública de distintos organismos. 

Seguimos trabajando, seguimos investigando, gracias a todos por la confianza.

   

 Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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Ada María Magdalena Sierra de Ferraresi la candidata consorte

Ada María Magdalena Sierra, es una arquitecta que tuvo o no, la suerte de casarse con el ingeniero Jorge Ferraresi, un funcionario del municipio de Avellaneda, que un buen día tuvo la oportunidad de reemplazar a su mentor el ex intendente Baldomero Cacho Álvarez de Olivera o “Cacho”, el que nunca imaginó que su suplente terminaría desarmando su equipo y borrando a la gente que no le rindió obediencia a su nuevo cargo.

 

Quienes la recuerdan en sus primeros pasos por el municipio, lo hacen refiriéndose a una mujer muy distinta a la que hoy ven en los actos toda producida y en pose constante, era una mujer sencilla, se podía hablar con ella de igual a igual, claro era la esposa de un funcionario, no del intendente, al parecer esta nueva condición hizo que todo en ella cambiara y que tuviera además que salir a mostrarse fuerte cuando es vox populi, que el matrimonio se sostenía solo para la vista de los demás en medio de rumores de todo calibre.

 

Nadie niega que el intendente posee una conducta despótica a pesar de que gusta fotografiarse junto a jóvenes de ideas progresistas, personalmente recuerdo el día de la conferencia de prensa en la oficina de reuniones del intendente, el miedo de las chicas de la privada, que solicitaban, casi implorando, que bajaran la voz los presentes porque después el intendente se enoja y nos dice de todo. Por lo que el uso de la palabra consorte no es algo antojadizo.

 

La candidata nació un 25/06/1966, posee el CUIT 27-17902521-9, con varias propiedades en el partido de Avellaneda, varias cuentas bancarias en el Banco Nación, Banco Provincia, Citi Bank, BBA Francés, HSBC, Comafi, algunos vehículos, y participación societaria junto a su esposo el ingeniero Jorge Horacio Ferraresi en algunas empresas del rubro construcciones, reformas y reparación de edificios no residenciales, algunas con mismo domicilio legal como por ejemplo PROCIV S.A CUIT 30-67900264-9 y SAEK SRL CUIT 30-68704049-6, ambas con domicilio en la calle Lavalle 636, piso 7ª, oficina 1, CABA.

 

Con muchas preguntas sin responder, desde el municipio no han respondido nunca a la requisitoria periodística sobre informar los proveedores del municipio y descartar algunas de las acusaciones que llegan a nuestra redacción, respecto de que se han beneficiado empresas familiares con la gestión Ferraresi.

 

Con motivo de la inauguración del Centro Municipal de Zoonosis, aprovechamos a entrevistar a la candidata por la lista 503 del FpV, la cual primero aceptó con gusto y luego fue cambiando su ánimo y su rictus, acompañamos la nota con el video, que no tiene la mejor calidad por el poco espacio en el lugar y el constante choque de los presentes, pero realmente la opinión y las respuestas de esta señora, demuestran que no es política, que sabe poco de lo que pasa en el municipio que pretende representar en el HCD, pero por sobre todo, demuestra que no tiene respuestas válidas ante preguntas de un periodismo independiente, en medio de tantos medios obsecuentes que tiene el municipio que van acompañando con "maquillaje" lo que todos los días el común de los vecinos padecen, como por ejemplo el tema de la inseguridad. Este medio se constituyó en algunos de los lugares donde los vecinos se quejaban de que mientras existen zonas "liberadas" para el delito, en otros, se designan no solo policías para cuidar propiedades de funcionarios, sino también personal de Protección Ciudadana, por ejemplo el domicilio de Hugo Barrueco tiene custodia y el de la candidata posee un móvil de Protección Ciudadana, un auto con personal de civil y dos efectivos uniformados que recorren las inmediaciones de la calle Lafayette al 200, para no ser tan exactos.

 

Allí, la propiedad, tiene uno de los terrenos más importantes en metros cuadrados y valor inmobiliario. Sin dudas un matrimonio que han sabido generar un importante patrimonio combinando la función pública y los negocios privados.

 

Uno a esta altura no sabe realmente cuál es el concepto de militancia que poseen candidatos como Sierra, si bien se ha leído en medios locales que otros candidatos del FpV destacan su militancia, lo concreto es que cuando se pregunta al respecto nadie recuerda un hecho específico.

 

Como vecino y periodista, me preocupa y mucho la poca importancia a los hechos delictivos que se suceden a diario en el partido, como si nada de lo que ocurre les importara, en una especie de autismo político, siguen pronunciando discursos que ni quienes los acompañan comparten, pero son los que "manejan" la situación.

 

En boca de Sierra, la palabra inclusión se repite, como una muletilla, que pierde su impronta ante el menor cuestionamiento. Para reforzar la campaña, desde el municipio se reparte a la gente en Plaza Alsina, una elegante guía, con el título "Programa Municipal de Seguridad" gestión Jorge Ferraresi, con un papel de alta calidad y mucha información sin un respaldo que avale las cifras que allí se mencionan, de esta forma se ocupan los políticos de turno en el poder de la inseguridad, invirtiendo en publicidad y desviando las discusiones que reclaman los vecinos, ya cansados de tantas mentiras y promesas.

 

Por eso es necesario que al votar, lo hagamos con responsabilidad, votando a quien más nos guste, pero sabiendo que estamos llevando a representarnos a candidatos que terminaran beneficiándonos o perjudicándonos. Hay muchas materias pendientes en el partido de Avellaneda por resolver, la inseguridad, la corrupción, la política basada en el clientelismo, las zonas liberadas, los controles, el respeto por el vecino.

 

 

  Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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Celulares en las cárceles bonaerenses

En lo que va del 2012, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) registra un elevado número de evasiones de sus unidades, curiosamente de las que son denominadas como de máxima seguridad y régimen cerrado, demostrando que a la falta de una eficiente política penitenciaria, la acompaña una dañina y constante corrupción en sus efectivos, sin distinción de grados. También acompaña este crecimiento el número de muertes de internos, siendo la mayoría de las mismas en el 2012, internos que habían denunciado hechos de corrupción, robos, homicidios y amenazas por parte de los agentes penitenciarios.

 

Es ya de público conocimiento entre los que desarrollan tareas que se vinculan con el Servicio Penitenciario, que existen irregularidades en todas las cárceles del mundo, la corrupción en estos espacios y los abusos son algo casi obligado. La diferencia con las cárceles del SPB, radica en el tipo de connivencia y “favores” que requieren los penitenciarios. Como en la vida misma, no todos son iguales ante la Ley, y tampoco todos son iguales en las unidades penitenciarias, los favores se “pagan” o se “negocian”, así, los de mayor poder adquisitivo pueden rentar una cómoda celda, los más pobres deberán someterse a otras concesiones, como ser favores sexuales de sus familiares para con personal del servicio, así, unos y otros obtienen ciertas venias para ingresar elementos y comidas no permitidos, entre los que mayoritariamente se dan las pastillas, drogas, celulares, equipos electrónicos y hasta armas.

 

Los controles en la seguridad de algunas unidades penitenciarias son prácticamente ineficientes, por citar un ejemplo, la Unidad 40 de Lomas de Zamora, tiene uno de los peores servicios de control de ingreso y requisa, con casos de personas que ingresan con otras identidades a la unidad y la existencia de un elevado número de internos con equipos celulares, teléfonos que usan sin temor a ser descubiertos. Allí, a diferencia de la creencia popular de que los procesados y detenidos por causas de drogas son mal vistos, estos, en esta unidad, suelen gozar de varios privilegios, una por el dinero que suelen contar gracias a su actividad delictiva y otra porque dentro del mismo SPB, hay efectivos adictos.

 

Esta situación se repite en otras unidades del SPB, incluso en Florencio Varela, a pesar de los escándalos protagonizados en estos meses, son muchos los internos con celulares, durante la investigación periodística, este medio, consulto a algunos ex convictos, detenidos, familiares y personal penitenciario, con la intención de conocer si además del uso que cualquiera le da al celular los internos los utilizaban para los conocidos “secuestros virtuales”, grande fue la sorpresa, al saber que se les facilita la tenencia de celulares a los encargados de proveer de drogas y otras sustancias a internos y a algún que otro penitenciario.

 

La problemática no es nueva, lleva ya unos seis años de estudios y medidas tendientes a tratar limitar el ingreso a las cárceles de teléfonos celulares, ya por el año 2008, el Procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo, refería "Está absolutamente prohibido de que tengan celulares, hay que hacer controles con profesionalismo para que no ingrese a las cárceles".

La problemática y la solución en el mundo

 

México, uno de los países donde el narcotráfico ha causado miles de muertes y ha infectado de corrupción a las instituciones que deberían combatirlo, tuvo que invertir en el año 2010, en inhibidores de señales de celulares para así terminar con la tenencia y el uso de móviles para cometer diferentes delitos y dejar fuera del mercado negro a penitenciarios corruptos que venden los teléfonos y cobran una cuota mensual para su tenencia sin molestias, una medida que en nuestro país fue propuesta en diputados pero que a la fecha no prospero por recomendaciones negativas de algunos jefes penitenciarios, que poseen teléfonos públicos en las unidades y restarían eficacia los inhibidores, la realidad, es que mientras los teléfonos públicos pueden ser fácilmente monitoreados, los celulares en las unidades penitenciarias no tienen ningún control.

 

En los EEUU, la corrupción de los guardias y la demanda de celulares llegó a ser un tema de Estado, cuando por el año 2004 un informe reveló que el 50 % de los reclusos poseía por lo menos un celular. Los fines son los mismos en cualquier cárcel del mundo, tráfico de drogas, intimidaciones y hasta asesinatos de testigos, arreglos para fugas, actos de corrupción, y otros delitos.

 

Las medidas adoptadas fueron modelo para otros países, no solo bloquearon las señales de celulares en las cárceles, también algunos Estados como Texas, promulgaron una Ley con penas de hasta 40 años de cárcel a los oficiales e internos involucrados en el tráfico de celulares.

La pésima gestión Scioli-Casal

 

La política penitenciaria que lleva adelante el Gobierno Provincial, con el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, se puede definir como olvidable teniendo una opinión generosa.

 

Por un lado, informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), advertían que existía un elevado porcentaje de procesados detenidos en unidades carcelarias, de los cuales el 83% terminaban siendo absueltos en oportunidad de llegar a un juicio oral, estadísticas oficiales, reforzaban esto al indicar que solo un 13% de los sometidos a juicio eran condenados y un 4% restante no llegaba al juicio por distintos motivos.

 

Las denuncias por malos tratos, tormentos e incluso graves violaciones a los derechos humanos no disminuyeron durante esta gestión como ya mencionamos y por el contrario, algunos hechos denunciados han tenido un correlato brutal y sádico, donde un interno fue golpeado, violado, quemado y dejado agonizando hasta su muerte. Lo peor, fue que en el juicio oral ningún efectivo recibió condena porque durante los minutos que duró el tormento y asesinato, alguien desconectó por ¿error?, la cámara de seguridad que enfocaba la celda. Internamente se había informado que el interno que había denunciado a personal del SPB, y que debía estar a resguardo, tuvo una inexplicable parada en la Unidad Nº 29 de máxima seguridad de Melchor Romero, de La Plata donde fue asesinado, a pesar que se trato de presentar como un suicidio. Así el asesinato de Luis Ángel Gorosito quedó impune, y el sistema perverso y corrupto protegido.

 

Ricardo Casal, es un hombre que se supone conoce el paño del SPB, el mismo ingresó a la fuerza en el año 1976, pasó por el escalafón de suboficiales y llegó en el año 1981, mediante Resolución III Nº 787/81 al escalafón de oficiales profesionales como subalcaide, para retirarse en el año 1992 como Alcaide Mayor, para dedicarse a la abogacía. Allí trabajaría en distintos ministerios y con políticos vinculados a la derecha. Es un hombre que la policía bonaerense considera casi un par, y es en ese buen diálogo con la siempre conflictiva y difícil fuerza, que radica uno de los pilares de su gestión, ya que es un funcionario que a pesar de la gravedad del hecho que vincule a la policía o el servicio penitenciario, su cara y su discurso mediático no variara y es capaz de enfrentar las cámara o los medios con un discurso tan correcto como desentendido de su responsabilidad y del gobierno que representa.

 

El único mérito que puede mostrar sin discusión su gestión es el incremento de detenidos en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no haya mejorado las estadísticas delictivas. Por el contrario este incremento fue acompañado por los actos de corrupción y maltrato a algunos internos. A pesar de su experiencia en la fuerza, esta no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de detención y seguridad, las fugas, son cada vez más disparatadas e inverosímiles, ni siquiera la convocatoria de una abogada como la Dra. Florencia Piermarini, que con sus jóvenes 36 años traía una trayectoria sin escándalos, terminó sacrificando su prestigio en una gestión marcada por las denuncias que hemos descripto.

 

Conclusión

 

Este medio, tiene dentro de sus objetivos, el informar y el de capacitar en lo que a derechos humanos se refiere, pero no desde una posición extrema, sino desde el respeto y los derechos humanos de todos, entendiendo que no constituye ninguna tutela de un derecho vulnerado el que existan peligrosos delincuentes con accesos a celulares, mientras que muchos de los que se ven sometidos a largos procesos desprolijos deben hacer largas colas para usar los teléfonos públicos, si es que tienen esa posibilidad.

 

En las cárceles como en la vida misma, existen los privilegios y los más bizarros abusos.

Tengo como responsable del medio, la convicción de que una gestión penitenciaria y de seguridad no puede sostenerse a pesar de todo, ya vamos a desarrollar el rol de la policía bonaerense y la justicia, porque existe una enorme responsabilidad judicial en los hechos descriptos en la nota, ya que es una de las funciones de los defensores, fiscales y jueces el visitar los centros de detención. Lejos está el espíritu del constitucionalista plasmado en la Constitución Nacional “ las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”

 

Lo peligroso, es que hoy la sociedad también vive en un peligro latente permanente, ya que son muchos los casos conocidos de detenidos que salen a robar, secuestrar, violar y matar, algunos por acuerdos con personal del servicio penitenciario, otros que denuncian ser amenazados por estos si no aceptan delinquir. Ejemplos en la provincia de Buenos Aires, son el de las Unidades de Olavarría, que conforman el Complejo Sierra Chica.

 

Desde este medio hemos cursado varias comunicaciones tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad y Justicia, respecto de varios de los hechos que hemos descripto en la presente nota, sin obtener un recibido, será que ante la abundante prueba y los hechos diarios que involucran a esta gestión, no tienen mucho que decir.

 

Los ciudadanos, merecemos vivir sin miedo y con un riesgo razonable, hoy, sus manos están manchadas de sangre inocente, de muchos que murieron en una cárcel donde no debían estar y de víctimas de delincuentes que no debían salir. Después discutamos la recuperación social, sino todo queda en discursos.

 

 

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw